Ampliación del tiempo que se concede para hacer una cosa, especialmente para cumplir una obligación o pagar una deuda. Desde tiempos remotos, las moratorias -tal es su definición- han servido para darle una oportunidad a los deudores que, por efecto de una crisis o porque sus finanzas no cerraron como proyectaron, no logran salir de un cuello de botella financiero como para cumplir sus obligaciones financieras. También la vieja costumbre es que, cuando la frazada salarial o patrimonial es corta, lo primero que se destapa son los impuestos. ¿Quién no ha sacrificado el pago regular de los tributos como primera acción para recomponer su finanzas?
Se dice que las moratorias son buenas porque acomoda, en el tiempo, una deuda según la capacidad de pago del contribuyente. Se dice que son malas, porque -más allá de las bonificaciones- causan desigualdades con los que abonan regularmente sus impuestos. Se dicen que son feas porque, en suma, constituyen una vieja costumbre del Estado como mecanismo para novar deudas y de los morosos, que siempre esperan estos planes de pago. En Tucumán, este cóctel se cumple al dedillo con el régimen excepcional de pago de deudas impositivas que hoy tambalea entre el cierre definitivo del plan y la prórroga por decreto.
El gobernador José Alperovich tiene el récord de haber convertido la excepcionalidad en regla de su gestión impositiva: otorgó una moratoria cada dos años en los ocho años de administración al frente del Poder Ejecutivo. Y siempre despertó la expectativa de que el Estado accionaría con fuerza contra los deudores consuetudinarios. ¿Cómo le fue con los regímenes excepcionales?
En 2005, la primera moratoria, se confeccionaron casi 107.000 planes, con la promesa de regularizar $ 112 millones que, a valores de esa fecha, representaban cuatro planillas salariales mensuales estatales.
En 2007, los planes presentados ascendieron a 36.200 casos por una deuda global cercana a los $ 122 millones.
En 2009, 52.000 contribuyentes presentaron 64.000 planes por distintos impuestos y con el compromiso de pagar, en cuotas, una deuda global de $ 106 millones.
La de este año que, en teoría finalizó el 31 de marzo pasado, convocó a casi 19.700 deudores que elevaron 32.700 planes con una deuda regularizada estimada en $ 79 millones.
En una de sus últimas charlas con LA GACETA, el tributarista Humberto Bertazza abogó por la erradicación definitiva de las moratorias. El experto consideró que esos regímenes, mal llamados excepcionales, desnudaba la incapacidad del Estado para recaudar. En todo caso, observó el especialista, el Estado necesita de un sistema tributario estable y eficiente que, por efecto de su aplicación, vaya reacomodando la cultura impositiva.
La especulación del moroso y la necesidad del Estado por no dejar vencer deudas hacen que las moratorias sean un mal necesario. Y no son buenas porque fomentan que el deudor siempre tenga la expectativa de no cumplir con el fisco porque sabe que, a la corta o a la larga, el Gobierno anuncia un plan de pagos, afirma Patricia Manso, presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Según la dirigente, como contrapartida, no hay estímulos hacia las buenas conductas de pago, salvo las bonificaciones de fin de año que la gozan todos, los cumplidores y los incumplidores. "En épocas inflacionarias, las moratorias son más convenientes porque ese proceso hace que un deudor pague un impuesto a valor nominal, más allá de los intereses y multas", observa. El Colegio pidió una prórroga de la última moratoria. En muchos casos, dice la titular de la entidad, obedece a pedidos de embargos y multas que, en muchos casos, los contribuyentes no tenían registrados y que era necesario más tiempo para discutirle al fisco, antes que cierre el plan.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, explica que las cuatro moratorias lanzadas por el actual Gobierno persiguieron el mismo fin: solucionarle los problemas fiscales a la gente, especialmente a los más pequeños. Y hasta repitieron el mismo resultado. "No arreglan los grandes contribuyentes", revela. "Ellos siempre piensan que nunca les pasará nada; se equivocan y accionaremos judicialmente porque le deben al Estado cerca de $ 100 millones", puntualiza.
Desde 2005, los funcionarios provinciales vienen exclamando "chau moratorias". Con el tiempo, ese clamor se convierte en una prórroga o en "hasta la próxima moratoria".